benéfico-asistencial

13:31 Oct 30, 2001 

Desde mediados de los ochenta, el despliegue jur�dico-administrativo de las leyes, la posibilidad de instrumentalizar pol�ticamente los servicios sociales, as� como la emergencia de las problem�ticas derivadas de la exclusi�n social a escala local, modific� paulatinamente la composici�n del mapa de actores y la forma de gestionar las discrepancias. Los profesionales dejaron de ser los principales protagonistas al trasladarse el eje de la discusi�n desde los principios que hab�an de inspirar un trabajo social de car�cter democr�tico, a c�mo se ten�a que organizar la distribuci�n de competencias entre administraciones. As�, los Ayuntamientos y las Federaciones de Municipios han constituido el principal contrapunto a los gobiernos de las CC.AA, mientras la institucionalizaci�n de los servicios sociales ha dejado de girar en torno al manejo de los recursos t�cnicos e intereses corporativos que detentaban los profesionales, para basarse en la posesi�n de recursos legales y econ�micos (control presupuestario) en manos de los gobiernos auton�micos. Esta estructura jur�dico-organizativa ha tenido influencias en el mapa de actores respecto al derecho de participaci�n y representaci�n en la ordenaci�n, planificaci�n y gesti�n de los servicios sociales. En todas las CC.AA. existen �rganos de participaci�n de car�cter territorial y sectorial compuestos por representantes de las Administraciones P�blicas, de los usuarios, de los profesionales, de las organizaciones empresariales y de los sindicatos; pero el contenido de las funciones encomendadas a estos �rganos de participaci�n quedan devaluadas al ser de car�cter consultivo y no decisorio (Aznar, 1994). Esta asimetr�a en la distribuci�n del poder no s�lo ha reducido la capacidad de influencia y minimizado la posibilidad de conflicto de los actores nombrados m�s arriba, sino que, adem�s, la opci�n **residual-asistencialista** ha dado paso a la presencia de nuevos grupos de presi�n procedentes de intereses que defiende la iniciativa social y mercantil. Se trata de una atomizaci�n de asociaciones, coordinadoras, y empresas privadas con muy poco poder de negociaci�n ya que su subsistencia depende, precisamente, en que no sean cr�ticas ni conflictivas con la administraci�n auton�mica.